20 MEDIDAS DE FEAPS PARA LAS ELECCIONES DEL 20-N:
PROPUESTAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
10 MEDIDAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS:
1.- PLENA CIUDADANÍA. Fomentar la plena ciudadanía de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, fomentando su participación, su pertenencia y el ejercicio de sus
derechos mediante la autonomía personal y la inclusión en la comunidad. Se debe garantizar la
igualdad de oportunidades en ámbitos como la sanidad, la educación, el empleo, etc.
2.- MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO. Las administraciones deben eliminar
la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo en
todos los ámbitos de la vida, especialmente en su derecho a la maternidad y a gozar de una
sexualidad plena y libre.
3.- ATENCIÓN A LA INFANCIA. El Estado tiene que garantizar una atención integral a las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo desde las primeras etapas de la infancia,
teniendo en cuenta los contextos naturales propios del niño y su familia, así como las
necesidades de las familias más jóvenes.
4.- EDUCACIÓN. Las administraciones públicas deben aseguran una Educación inclusiva que
promueva la diversidad y establezca diferentes niveles de apoyo en una comunidad abierta y
con apoyos específicos. Esto debe hacerse en colaboración con los centros y entidades deben
adaptar sus apoyos educativos para avanzar hacia la plena inclusión de estas personas.
5.- SALUD. Las diferentes administraciones deben mejorar la coordinación y la atención de los
servicios públicos de salud, con un mayor conocimiento de la realidad de las personas con
discapacidad intelectual, una mejor formación de los profesionales de la sanidad y más
facilidades de acceso a determinados especialistas y servicios, así como la gestión de listas de
espera. Debe prestarse especial atención a la salud mental, ya que 1 de cada 3 personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo tendrá asociados este tipo de trastornos en algún
momento de su vida.
6.- EMPLEO. Solicitamos que el empleo para las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo sea incentivado, promocionado y reconocido social y económicamente. Asimismo,
debe garantizarse un acceso efectivo de estas personas al empleo en ámbitos públicos y
privados para lograr acabar con las cifras de desempleo de este colectivo de personas, que
alcanza un porcentaje del 60% (el triple del de personas sin discapacidad).
7.- ATENCIÓN A LOS FAMILIARES. Reclamamos un aumento de los apoyos y servicios públicos
dirigidos específicamente a las familias de personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, de tal manera que se cumpla su derecho a disfrutar de una vida de calidad en
igualdad de condiciones que el resto.
8.- CULTURA Y OCIO. Tenemos que fomentar una cultura, un ocio y un deporte inclusivos. Para
que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo disfruten y crezcan como
personas desde todas las dimensiones y experiencias vitales compartidas en comunidad.
9.- ACCESIBILIDAD COGNITIVA. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
deben poder ejercer su derecho a la información, como fundamento básico de su libertad de
opinión y expresión, del derecho a participar plenamente del derecho al voto, etc. Al igual que
ha ocurrido con otros tipo de accesibilidad (física, sensorial, etc.) se debe garantizar el acceso
de estas personas a todos los servicios y espacios públicos en igualdad de condiciones que el
resto de ciudadanos. La accesibilidad cognitiva sigue siendo la gran asignatura pendiente
dentro de este ámbito. Por ello, debemos generar una estrategia global y coordinada de
investigación y desarrollo sobre este tipo de accesibilidad, para su incorporación paulatina en
todos los entornos de la vida e las personas.
10. VIDA INDEPENDIENTE: asegurar para cada persona recursos para la promoción de la vida
independiente, ofreciendo apoyos para la transición desde las actuales instituciones hacia una
verdadera vida en comunidad, con especial énfasis en la vivienda normalizada.
10 MEDIDAS EN POLÍTICA SOCIAL:
11.- PLENA ADAPTACIÓN LEGISLATIVA A LA CONVENCIÓN DE LA ONU. Es necesario que las
leyes españolas se adapten plenamente a lo que dice la Convención de la ONU sobre los
Derechos de las personas con discapacidad, y se deben ofrecer apoyos para la conversión de
los servicios en función de esas nuevas normas.
12.- AUTONOMÍA PERSONAL. El Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia
debe garantizar la cobertura a todas las personas y familias que han obtenido reconocimiento.
13.- SERVICIOS SOCIALES. Se debe revisar la cartera de servicios sociales hacia servicios que
sean verdaderamente inclusivos, definidos por personas que promuevan la autonomía y los
resultados personales. La Calidad, según la orientación de los principios de FEAPS también
debe implicar a equipos humanos formados y reconocidos. Junto a todo ello, se debe incluir la
Planificación Centrada en la Persona (PCP) como metodología de referencia de los servicios
dirigidos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
14.- LEY DEL TERCER SECTOR. Necesitamos un nuevo marco legislativo más acorde con la
realidad y la evolución que el Tercer Sector ha tenido en los últimos años y su actual función y
valor social.
15.- SOSTENIBILIDAD DEL TERCER SECTOR. Las organizaciones de acción social reclamamos el
compromiso por parte de las Administraciones Públicas de garantizar el mantenimiento de
nuestras entidades miembro como único modo de asegurar el pleno ejercicio de los derechos
de las personas especialmente vulnerables o en situación de exclusión. Ello debe hacerse
disponiendo de presupuesto suficiente y agilizando los pagos comprometidos, así como
estableciendo un compromiso ético con la mejora continua y la calidad de los apoyos y
servicios.
Por otro lado, el actual sistema de financiación está orientado al control del gasto en lugar de
al control de resultados y a la eficiencia de los recursos públicos. Reclamamos el
establecimiento de una base estable de financiación, consistente en el 1% de la cuota de los
contribuyentes en el IRPF y sin que dependa de ellos la decisión sobre el destino de esos
fondos públicos.
16.- COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y SERVICIOS. En estos momentos existe una situación de
clara descoordinación de los apoyos y servicios que reciben las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias, en áreas tan básicas de su vida como la Salud, la
Educación, los Servicios Sociales, el Empleo, la Justicia, etc. Por ello reclamamos una visión
transversal de estos apoyos y servicios, que al mismo tiempo puedan adaptarse a las
circunstancias personales de cada ciudadano y ciudadana con discapacidad intelectual o del
desarrollo.
17.- INTERLOCUCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN. Reclamamos un papel más relevante en la
interlocución con los poderes y administraciones públicas, de modo que nuestra voz sea tenida
en cuenta como agente de cambio social con capacidad de influir en todos aquellos procesos y
políticas públicas dirigidas especialmente a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias. Para ello, consideramos necesario que se abran
espacios de dialogo civil, favoreciendo la participación de la ciudadanía en los temas clave
sobre el desarrollo social y la gestión pública.
18.- COPAGO: Se debe evitar el copago de los servicios públicos por parte de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, porque ello resta posibilidades para su
plena inclusión social y, de facto, tiene efectos confiscatorios sobre las mismas.
19.- VIDA PÚBLICA ACCESIBLE. Las instituciones públicas y los diferentes agentes sociales
(partidos políticos, sindicatos, etc.) deben hacer partícipes a las personas con discapacidad
intelectual de sus iniciativas, programas, propuestas e información al ciudadano. Sólo de esta
manera se garantizará el pleno ejercicio del derecho de estas personas a la
